ley de oportunidades

Ley de oportunidades laborales, Ecuador

Por iniciativa del presidente de Ecuador, se presentó a la ciudadanía la «Ley de Creación de Oportunidades» para que esta sea considerada por la Asamblea Nacional (Parlamento).

El mandatario dijo que se necesita iniciar un gran cambio, una nueva movilización nacional, con el objetivo de crear oportunidades no solo para la generación actual sino también para la siguiente, lo que propone es un cambio.

Esta ley no obstante lleva el sello de su partido político en una clara referencia a lo que desea el presidente que se convierta en una nueva ley que marque la diferencia en diferentes ámbitos de la vida ecuatoriana. Veamos más al respecto.

¿Cuáles son los ejes de la ley de oportunidades laborales?

Dicha ley está encaminada a trabajar en tres vertientes de la sociedad ecuatoriana entre las cuales están la parte tributaria, laboral e inversiones. 

1. Simplificación fiscal

En cuanto a la simplificación fiscal, en el documento se propone suprimir los impuestos que no tienen sentido y que dificultan la vida de los ciudadanos, especialmente de las clases más bajas.

En cuanto al impuesto al valor agregado el IVA este no se aumentara y se suprimirá para ciertos productos como las mascarillas, el alcohol, el gel antibacteriano, los pañales, las compresas y otros artículos de higiene femenina, así como la vivienda para los miles de extranjeros que están en Ecuador.

También se suprimirá el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las suscripciones de telefonía móvil de particulares y empresas, los videojuegos y los vehículos híbridos y eléctricos; se suprimirá el impuesto de sucesiones para los hijos y los cónyuges, y se eximirán los valores que se hubieran aplicado a las personas fallecidas durante la pandemia.

Beneficios para los microempresarios

De la misma forma se suprimirá el RISE y el de microempresarios, que actualmente grava el 2% de la facturación; este último impuesto fue incluido en la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria a finales de 2019, tras una votación en el Parlamento con el apoyo de los diputados del partido de gobierno.

En su lugar, se introducirá el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares, un régimen especial de acceso para estos comerciantes durante los tres primeros años, que también incluirá beneficios laborales para ayudar a los negocios a consolidarse en el tiempo.

También se propone un ajuste de las deducciones del impuesto a la renta para permitir un mayor aporte de una minoría ecuatorianos, solo el 3,5% de la población económicamente activa. En este contexto, las contribuciones progresivas y graduales se dirigen a quienes ganan más de 24.000 dólares al año.

Asimismo, se cobrará una contribución temporal de dos años a las empresas con activos superiores a 500.000 dólares, y una contribución única a las empresas con activos superiores a 1 millón de dólares que tengan ganancias en 2020 y una facturación superior a la de 2019.

2. Flexibilidad laboral

Esta es quizás la propuesta más controvertida dentro de la ley la cual se lanza como una «alternativa» al Código de Trabajo para crear oportunidades de empleo, con flexibilidad en la contratación y en los horarios de trabajo. Una vez aprobado, el país trabajará con estos dos marcos diferentes de legislación laboral.

Este régimen es una alternativa para los desempleados que quieren dar un paso adelante y unirse a una empresa de nueva creación, pero que por razones obvias aún no pueden permitirse los costos laborales que tienen las grandes empresas.

Esta nueva normativa, que irá en paralelo al Código de Trabajo, permitirá poder acceder a nuevas formas de trabajo en función del contexto, teniendo en cuenta la tecnología que permite el teletrabajo o el reparto del tiempo de trabajo de diferentes formas.

Sin embargo, explicó que se propone la posibilidad de «contratos alternativos» temporales, que pueden durar hasta cuatro años; inmediatamente después, todos los contratos se convertirán en permanentes.

Con esta reforma laboral propuesta, habrá opciones más diversas para las licencias de maternidad y cuidado, las empresas tendrán que proveer guarderías para los hijos menores de cuatro años de sus empleados, los emprendedores y artesanos serán considerados empresas populares para efectos tributarios.

Una ley que deja mucho que desear

Edwin Bedoya, vicepresidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), denunció hace unas semanas que se trata de una ley que permite la discriminación entre trabajadores de primera y de segunda y afirmó que es una ley para «trabajadores sin derechos, sin liquidación, sin estabilidad laboral, sin indemnización si son despedidos».

3. Atraer inversiones

En este sentido se creará un nuevo marco regulatorio simple para dar garantías a los inversionistas y se propone la creación de una secretaría de alianzas público-privadas para agilizar estos emprendimientos.

También se busca crear «zonas francas con incentivos tributarios» para actividades agroecológicas comunitarias, desarrollo rural, agroindustria y logística, entre otras, y la introducción de mecanismos para una mayor transparencia en las aduanas.

En manos de la Asamblea Nacional está la aprobación del proyecto de ley. Según el Presidente, la propuesta legislativa es un instrumento «para reconstruir sólidamente la economía nacional», tras recordar que la deuda nacional es de 63.000 millones de dólares, es decir, el 63% del Producto Interior Bruto (PIB) y el déficit presupuestario es de 7.000 millones de dólares.

Según el economista Marcelo Varela, la iniciativa del, presidente  Lasso se contradice porque los ingresos estimados no coinciden con los cambios tributarios. Agregó que esto también incluiría a las personas de menores recursos en la base tributaria.

¿Qué consecuencias tendría la supresión del visto bueno a nivel laboral? 

Según el abogado Miguel Ángel Puente, especializado en derecho laboral, el proyecto de ley pretende introducir el despido por causa justificada, habitual en países como Colombia, para evitar un procedimiento administrativo como la autorización o visto bueno, lo que en realidad supondría simplificar el procedimiento para los patrones. 

El abogado señala que el artículo 70 establece las causas de despido por causa justa. Es decir, si el trabajador no se ha presentado a trabajar en los 60 días que marca la ley, el empresario lo despide sin previo aviso, señala. 

Sin embargo, si el trabajador rechaza la decisión, por ejemplo, alegando que estaba enfermo, todavía existe la posibilidad de impugnar la decisión del empleador ante el Tribunal de Trabajo, que atiende y resuelve los conflictos en las relaciones laborales, según lo previsto en el Código de Trabajo. 

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